miércoles, 19 de agosto de 2009

Sucesión fue un triunfo del Estado de Derecho

Columna escrita por Roberto Micheletti publicada en The Wall Street Journal / Fuente: www.latribuna.hn
Texto original en inglés: http://online.wsj.com









Uno de los más leales aliados de U.S.A. en Latinoamérica –Honduras– ha estado en medio de una crisis constitucional que amenaza su democracia. Tristemente, factores claves indiscutidos sobre la crisis continuadamente han sido ignorados por líderes americanos, por lo menos en los primeros días de la crisis.




En días recientes, la retorica de los aliados del ex-presidente Manuel Zelaya también han estado dominando los reportes de Prensa en los Estados Unidos. La peor distorsión es la repetición de la falsa declaratoria que el señor Zelaya fue quitado de su oficina por los militares y por ser un “reformador”.La verdad es que fue removido por un gobierno civil democráticamente electo porque la rama Judicial y Legislativa de nuestro gobierno encontró que él había violado nuestras leyes y Constitución.Revisemos unos factores fundamentales que no pueden ser disputados:




*La Corte Suprema de Justicia, en una votación del 15-0, encontró que el señor Zelaya estaba actuando ilegalmente al proseguir con un “referéndum” inconstitucional, y ordenó a las Fuerzas Armadas arrestarlo. Los militares ejecutaron la orden de arresto de la Corte Suprema porque era la entidad apropiada a hacerlo bajo las leyes hondureñas.


*Ocho de los 15 votos de la Corte Suprema fueron vertidos por miembros del propio Partido Liberal del señor Zelaya. Es extraño que los propagandistas pro-Zelaya que hablan del imperio de la Ley, olvidan mencionar la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia con una mayoría del propio partido del señor Zelaya. Entonces, el arresto del señor Zelaya fue a inspiración de las autoridades civiles constitucionales hondureñas no los militares.


*El Congreso hondureño votó aplastantemente en respaldo a remover al señor Zelaya. El voto incluyó una mayoría de miembros del Partido Liberal del señor Zelaya.


*Líderes gubernamentales y religiosos independientes e instituciones –incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Legal Administrativo, el independiente Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuatro de los cinco partidos políticos, los dos candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios Liberal y Nacional, y el Cardenal Católico hondureño– todos estuvieron de acuerdo que el señor Zelaya había actuado ilegalmente.




“La Constitución expresamente señala en su Artículo 239 que cualquier presidente que pretenda reformar la Constitución y extender su término está automáticamente descalificado y ya no es más presidente. En la Constitución de Honduras no hay una expresión explicita para un proceso de “juicio político” para separar a un presidente del cargo. Pero la decisión unánime de la Corte Suprema constata que el señor Zelaya quería extender su estadía con su referéndum ilegal. Así que, al momento de su arresto ya no era –por un mandato de Ley, hasta donde le concernía a la Corte Suprema de Justicia– presidente de Honduras.*Días antes de su arresto, el señor Zelaya hizo que su ministro de la Presidencia ilegalmente retirara millones de dólares en efectivo del Banco Central de Honduras.Un día o algo así antes de su arresto, el señor Zelaya condujo una violenta turba a invadir una base de la Fuerza Aérea para apoderarse de los votos del referéndum que le habían sido enviados a Honduras por el gobierno venezolano de Hugo Chávez.




*Yo sucedí al señor Zelaya bajo las órdenes de sucesión de la Constitución hondureña, (nuestro vicepresidente había renunciado antes de que empezara todo esto para que él pudiera postularse como candidato presidencial).Este es y siempre ha sido un gobierno civil. Los militares fueron ordenados por una Corte Suprema enteramente civil a arrestar al señor Zelaya. Su remoción fue ordenada por un Congreso electo y enteramente civil. Para sugerir que el señor Zelaya fue quitado por un golpe militar está demostradamente falso.Sobre la decisión de echar al señor Zelaya del país la tarde del 28 de junio sin un juicio, gente razonable puede creer que la situación pudo haber sido manejado de una forma diferente. Pero también es necesario comprender la decisión en el contexto de un genuino miedo a la probada decisión del señor Zelaya a violar la Ley y a entregarse a violencias conducidas por las turbas.




El camino a seguir, es trabajar con el presidente costarricense Óscar Arias. El está proponiendo maneras de asegurar que el señor Zelaya cumpla con las leyes hondureñas y su Constitución y permitir al pueblo de Honduras elegir un nuevo presidente tal como está programado para el 29 de noviembre, (o quizás antes, si la fecha es adelantada como ha sugerido el presidente Arias y lo permitan las leyes hondureñas).


Si todos los partidos llegan a un acuerdo para permitir al señor Zelaya regresar a Honduras, –un gran error “si acaso”– nosotros creemos que no puede ser confiado a cumplir la Ley y por eso es nuestra posición de que él debe ser procesado con el entero peso de la Ley.La propuesta del presidente Arias para una moratoria en el proceso de todos los partidos puede ser considerado, pero nuestra Corte Suprema ha indicado que tal propuesta presenta serios problemas legales de acuerdo a nuestra Constitución.


Así como en Norteamérica, nuestra democracia Constitucional tiene tres co-equivalentes ramas independientes de gobierno –un caso que el señor Zelaya ignoró cuando abiertamente retó tanto la posición de la Corte Suprema como del Congreso–. Pero estamos dispuestos a continuar las discusiones una vez que la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Congreso analicen la propuesta del presidente Arias. Esa propuesta ha sido entregada a ellos para que puedan revisar las provisiones que impacta sobre su autoridad legal. Una vez que lo conozcamos procederemos acordadamente.La gente hondureña debe tener confianza que su Congreso es una rama co-igual del gobierno. Deben estar asegurados que el régimen de Ley en Honduras se aplica a todos, aun a su presidente, y que las órdenes de su Corte Suprema de Justicia no serán ignoradas y barridos a un lado como otros obstáculos inconvenientes.Entretanto, los otros elementos de la propuesta Arias, especialmente el establecimiento de una Comisión de la Verdad para encontrar puntos y aplicaciones de mecanismos internacionales para asegurar que el señor Zelaya cumpla los acuerdos, merecen serias consideraciones.El intento irresponsable del señor Zelaya, la tarde del viernes pasado de cruzar la frontera a Honduras antes de que el presidente Arias haya recibido el acuerdo de todas las partes –un intento que la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, describió apropiadamente como “imprudente”– fue solamente otro ejemplo del porqué el señor Zelaya no puede ser confiado a mantener su palabra.A pesar de lo que suceda, lo peor que pueden hacer los Estados Unidos es imponer sanciones económicas, que de primeras afectarían a la gente más pobre de Honduras. En vez de imponer sanciones, Estados Unidos debería continuar con las políticas sabias de la señora Clinton. Ella está respaldando los esfuerzos del presidente Arias a mediar la cuestión. La meta es una solución pacífica que sea consistente con las leyes hondureñas en una sociedad civil donde ni siquiera el presidente está por sobre la Ley.







Columna escrita por Roberto Micheletti publicada en The Wall Street Journal